Recientemente se ha presentado la Hipoteca Joven del Ayuntamiento de Madrid, que viene a sumarse a todo un ramillete de iniciativas similares ya existentes y en estudio en multitud de comunidades autónomas y ayuntamientos. El formato del conjunto de este tipo de ayudas a la compra de vivienda es muy similar: periodos de retorno muy altos de hasta 50 años, facilidades para la entrada como importes de hasta el 100% sobre el valor de tasación, avales compartidos, inexistencia de tasas de apertura, periodos de carencia, cheques supletorios, etc. Características todas ellas enfocadas a ayudar a la ciudadanía a alcanzar y a aceptar el irracional umbral de precios en relación a los salarios que han alcanzado las viviendas en nuestro país.
Ante la proliferación de estas ayudas directas y ante el gran montante económico que se destina a ellas por parte de las distintas administraciones (comunidades, ayuntamientos, Ministerio de la Vivienda, etc.), la Plataforma por una Vivienda Digna viene a denunciar que, a pesar del aparente corte social con el que son presentadas ante los ciudadanos, este tipo de medidas sólo contribuyen a sostener y aumentar los ya de por sí desorbitados precios, y por tanto, a seguir adentrándonos más en la espiral de insostenibilidad y a que la vivienda –un bien de primera necesidad- siga siendo un objeto inasequible para el conjunto de la sociedad.
Para resolver la compleja situación del mercado inmobiliario español, la intervención de la administración -en todas sus instancias- debe ir en sentidos radicalmente distintos. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, debe hacer justo lo contrario: limitar la cuantía y tiempos de retorno de los préstamos hipotecarios como se hace en otros países de nuestro entorno más cercano. Frente a la subvención, debe satisfacer de manera directa la necesidad de alojamiento de los excluidos; empezando por las unidades familiares con menos recursos o en situaciones más graves, potenciando la vivienda protegida, preferiblemente vía fomento del alquiler y la rehabilitación, y tratando de sacar al mercado el inmenso parque de viviendas vacías.
Las diferentes administraciones deben también impedir la especulación –un mandato constitucional- por ejemplo penalizando fiscalmente la tenencia de viviendas sin uso conocido, deben también evitar a toda costa la dependencia financiera que tienen instituciones y organizaciones sobre la planificación del suelo y, entre otras cosas, deben combatir con firmeza el alto fraude y corrupción que se sustentan sobre el mercado inmobiliario. Ninguna de estas medidas está siendo aplicada de manera decidida y uniforme a lo largo del Estado y por ello reclamamos su aplicación con carácter de urgencia e invitamos a los ciudadanos a seguir defendiendo su derecho a una vivienda digna y asequible hasta que se consiga. El próximo 24 de marzo es la siguiente cita en distintas ciudades, desarrollada por parte de diversas organizaciones entre las que se encuentra esta plataforma.
Para finalizar, a los que se hayan pensado acoger a este tipo de iniciativas, les invitamos a la reflexión sobre el esfuerzo financiero y el riesgo –y no sólo individual- que supone una hipoteca a 40 o 50 años en las condiciones anteriormente descritas y a que tengan presente en su decisión, la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo, que podría cambiar sustancialmente a corto o medio plazo.
Plataforma por una Vivienda Digna
Comité interterritorial
http://www.viviendadigna.org
